El artículo 137 de la Rendición de Cuentas habilita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a interdictar preventivamente establecimientos agropecuarios por hasta 90 días cuando se detecten residuos que representen un riesgo sanitario, incumplan estándares o puedan afectar las exportaciones. La disposición cobra especial relevancia tras la suspensión de Frigorífico Tacuarembó por parte de China. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) cuestiona el plazo previsto y propone reducirlo a 30 días.

La suspensión del Frigorífico Tacuarembó para exportar a China, luego de detectarse un segundo caso de residuos de imidocarb en carne enviada a ese mercado, vuelve a poner en primer plano la discusión sobre los controles de residuos de medicamentos veterinarios y las herramientas con las que cuenta el MGAP para actuar sobre los establecimientos de origen.

El tema está directamente relacionado con una de las disposiciones incluidas en el proyecto de Rendición de Cuentas. El artículo 137 faculta a la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP a disponer la interdicción sanitaria preventiva de establecimientos agropecuarios cuando se detecte la presencia de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas o contaminantes ambientales en animales o productos de origen animal.

La potestad podrá aplicarse cuando los residuos se encuentren en niveles que impliquen un riesgo para la inocuidad alimentaria, cuando exista incumplimiento de estándares sanitarios nacionales o internacionales o cuando la situación represente un riesgo comercial para las exportaciones de productos de origen animal o para el acceso a mercados. Este último punto adquiere particular relevancia ante los acontecimientos registrados durante 2026 con China, principal mercado de la carne vacuna uruguaya.

Una interdicción inmediata de hasta 90 días

El proyecto establece que la interdicción podrá disponerse de forma inmediata cuando existan razones fundadas de urgencia, riesgo sanitario o cuando esté comprometido el acceso a mercados de exportación. En esos casos, el MGAP podrá otorgar vista al productor con posterioridad a la adopción de la medida, siempre que la decisión esté sustentada en informes técnicos de la autoridad competente.

La interdicción tendrá carácter preventivo y provisional y deberá mantenerse únicamente durante el período necesario para gestionar el riesgo que dio lugar a la medida, aunque se establece un plazo máximo de 90 días.

La herramienta será independiente de las eventuales sanciones que puedan corresponder de acuerdo con la legislación vigente y su aplicación deberá ser reglamentada posteriormente por el Poder Ejecutivo.

ARU cuestiona el plazo y propone bajarlo a 30 días

El artículo generó reparos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), particularmente por la extensión máxima prevista para la interdicción. El presidente de la gremial, Rafael Ferber, planteó el pasado 23 de julio en Punto de Equilibrio, de Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy, que el período debería reducirse de 90 a 30 días.

Ferber sostuvo que el plazo previsto “no tiene sentido” si posteriormente los animales del establecimiento serán sometidos a controles antes de ingresar a faena. “Si al productor se le va a analizar toda la tropa porque se le va a estar esperando en la entrada a faena, entonces por qué esperar 90 días”, cuestionó.

La posición de ARU es que el Estado mantenga la capacidad de controlar y actuar frente a los establecimientos involucrados, pero acortando el período durante el cual el productor puede quedar interdictado. La gremial también había objetado el artículo 136 del proyecto de Rendición de Cuentas, que preveía compartir con los frigoríficos información sobre productores observados por episodios relacionados con residuos de productos veterinarios. Ferber señaló entonces que existía el compromiso de retirar esa disposición.

Dos frigoríficos suspendidos por China en 2026

La discusión adquiere una dimensión adicional luego de que China suspendiera al Frigorífico Tacuarembó, del grupo MBRF (ex Marfrig), tras confirmarse un segundo hallazgo de residuos de imidocarb, medicamento utilizado contra la tristeza bovina. También Frigorífico San Jacinto quedó inhabilitado el 17 de marzo tras detectarse contaminación con fluazurón.