Los mercados ya no se conforman con saber de qué país viene un producto: piden trazabilidad a nivel de lote, con información sobre prácticas, emisiones y contacto directo con el productor. «El mercado nos exige estar más cerca del productor, teniendo toda la cadena de trazabilidad.» Así lo señaló el gerente de sostenibilidad de Bunge para el Cono Sur, Marcos Quaine, en el programa Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.

Europa es hoy el mercado que más exige, con foco en trazabilidad libre de deforestación y con fechas de corte definidas para soja, cebada y maíz. Asia también empieza a despertar, con consultas desde China, Vietnam, Indonesia y Tailandia. Oceanía —Australia y Nueva Zelanda— y las industrias salmonera y camaronera de Chile y Ecuador completan el mapa de exigencias.

La soja es el producto donde arrancó esta demanda, por su vínculo directo con la deforestación y las emisiones de carbono. Le sigue el girasol, con exigencias sobre aceites refinados para retail y aceite neutro para biocombustibles. En Argentina ya hay pedidos de certificación para cebada malteada y trigo, y de a poco aparece el maíz. También crece la exigencia en semillas nuevas para biocombustibles, como colza, camelina y cártamo, acotó.

En los granos con destino a consumo humano, estas exigencias se suman a los estándares de calidad e inocuidad ya vigentes. «Muchas veces esto termina destrabando una barrera para la venta o abriendo un mercado diferencial donde otro no está llegando», sostuvo.

No todos los mercados pagan un plus de precio por estas certificaciones. Bunge invierte cubriendo costos y pagando primas adicionales a productores en algunos productos, aun cuando el destino todavía no las reconoce. «Hay mercados que pagan diferenciales: Europa, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Ecuador, dependiendo del producto que se venda», valoró.

Para Uruguay y Argentina, el escenario “abre una oportunidad”. El productor de la región ya trabaja desde hace más de 20 o 30 años con siembra directa, rotación de cultivos y manejo eficiente de insumos, lo que lo posiciona mejor frente a las nuevas exigencias. Los gobiernos, además, ya cuentan con trackeo de materia prima a nivel país, una herramienta de trazabilidad que puede aprovecharse si el mercado asiático se despierta, indicó.

La calidad de los insumos importados también entra en la ecuación. Cada producto que llega en barco o avión trae asociada una carga de emisiones que se suma al cultivo donde se aplica. «Ahí hay una oportunidad para el país, demostrar que se pueden bajar emisiones, ganar acceso al mercado y ser más eficiente en costos», enfatizó.

Sobre el esquema FSA (Farm Sustainability Assessment) de SAI Platform, Quaine lo describió como una plataforma que permite al productor verificar y validar sus prácticas en campo. Incluye preguntas sobre aspectos legales, sociales, productivos, de biodiversidad y de comunidad, con una instancia posterior de verificación. En Uruguay, Maltería Oriental (MOSA) busca implementar esta certificación.

El FSA es exigido hoy por grandes empresas de retail europeas —como Danone, Nestlé y Unilever— y por la industria de consumo animal, que utilizan el esquema como benchmark para sus propios estándares de sostenibilidad.

Consultado sobre la agricultura regenerativa, Quaine la definió como una nueva forma de nombrar la sostenibilidad, que implica contratos a largo plazo con el productor y ajustes en las prácticas de campo. La región ya aplica gran parte de esas prácticas —siembra directa, rotación de cultivos, manejo de insumos— y el desafío pasa por profundizarlas para capturar más carbono en el suelo y reducir costos de producción.

Sobre la huella hídrica, el gerente de sostenibilidad de Bunge advirtió que es un tema que «debería tomarse con más relevancia», incluso en sistemas de secano. «Hoy se están mirando más las emisiones que el uso del agua, y ahí nos vamos a tener que enfocar cada vez más, porque la industria lo va a empezar a exigir», sostuvo.