El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tiene actualmente un déficit “estructural” de US$ 3 millones y trabaja en una serie de medidas para corregirlo. Entre ellas analiza “ajustar” el cobro de servicios y proyectos compartidos con organismos públicos y privados y volver a aplicar una “cláusula de salvaguarda” que relaciona la masa salarial permanente con los ingresos de la institución. Ese indicador se encuentra actualmente en 77%, frente al máximo de 60%-63% utilizado históricamente.

Sobre estos aspectos de la situación financiera del organismo se refirió el presidente de INIA, Miguel Sierra, al ser entrevistado en Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.  Dijo que la institución recibió además el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de completar los $ 800 millones correspondientes a 2026.

Hasta ahora INIA recibió $ 600 millones y restan $ 200 millones. “Nos comprometieron los $ 800 millones. Los primeros días de enero, los $ 200 millones que nos faltan”, explicó Sierra. Para 2027, agregó, está previsto que la institución vuelva a recibir los $ 800 millones establecidos por ley, mediante desembolsos mensuales.

El cumplimiento de esos aportes no resuelve, sin embargo, el desequilibrio estructural de INIA. “Tenemos un déficit estructural hoy de US$ 3 millones”, afirmó. La Junta Directiva trabaja junto con el equipo gerencial y mantiene conversaciones con los gremios para definir medidas que permitan reducirlo.

Uno de los puntos en revisión son los servicios que INIA presta a otros organismos y los proyectos que desarrolla junto al sector privado, donde Sierra considera necesario reflejar de “mejor manera” los costos que asume el instituto. Mencionó servicios realizados para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), conversaciones con el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la evaluación de cultivares, el saneamiento de plantas citrícolas y el funcionamiento del laboratorio de biología de INIA Las Brujas.

También incluyó los consorcios desarrollados con empresas privadas. “Tenemos una cantidad de consorcios con el sector privado que no siempre imputábamos los costos reales de INIA, de nuestro personal y nuestras infraestructuras. Eso lo tenemos que ajustar”, sostuvo.

Cláusula de salvaguarda.

Otro de los puntos que INIA pretende abordar es la recuperación de una cláusula de salvaguarda utilizada históricamente en los convenios de la institución. El mecanismo relaciona la masa salarial permanente con determinados ingresos de INIA provenientes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) y Rentas Generales, descontando el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

Sierra explicó que en los convenios anteriores a 2022 ese cociente tenía un máximo de 60%, con posibilidad de extenderse hasta 63%. “Hoy ese cociente nos está dando 77%”, destacó.

La intención de la Junta Directiva es reducir ese “desfasaje” mediante un proceso de negociación. “Estamos intentando que eso, entre todos y de forma racional y negociada, lo intentemos superar”, señaló.

Ley de Competitividad

En paralelo, INIA comparecerá el próximo 12 de noviembre en el Parlamento por la denominada Ley de Competitividad. Sierra aclaró que la iniciativa no resolverá los problemas financieros actuales de la institución, aunque considera que puede aportar nuevas herramientas.

INIA planteará, entre otros cambios, que el Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria y los Consejos Asesores Regionales tengan carácter asesor en determinadas decisiones vinculadas a sociedades instrumentales y comerciales. También propondrá que la creación de cualquier sociedad comercial requiera la aprobación por unanimidad de la Junta Directiva, de manera de asegurar el acuerdo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los delegados de las gremiales.

La institución identifica tres áreas principales en las que la nueva normativa podría ampliar sus posibilidades. La primera es la creación de sociedades comerciales para potenciar la comercialización de tecnologías y desarrollar áreas que actualmente INIA no aborda, incorporando eventualmente al sector privado y a instituciones como LATU y Latitud.

La segunda apunta al FPTA y a permitir que técnicos de INIA puedan participar en proyectos sin recibir una retribución económica adicional. Y la tercera es habilitar la creación de empresas de base tecnológica, una herramienta que, de acuerdo con Sierra, ya utilizan instituciones como la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

“Hoy el único instituto en Uruguay que no lo hace es INIA”, señaló. Sierra remarcó que una eventual participación de investigadores deberá pasar por la aprobación de la Junta Directiva y requerirá analizar rigurosamente los conflictos de interés y la propiedad intelectual.

De esta forma, INIA llega al cierre de 2026 con el compromiso de completar los recursos previstos por ley, pero con un desafío financiero que va más allá de esos desembolsos. El objetivo pasa por corregir un déficit estructural de US$ 3 millones, revisar la relación entre costos e ingresos y generar nuevas herramientas para vincular investigación, tecnología y sector productivo.