Mauro Florentín
Redacción

El acuerdo privado de precios entre la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial de Molinos Arroceros (GMA) demostró una “gran flexibilidad”, “resiliencia” y “capacidad de adaptación” para asegurar su vigencia durante casi 70 años, según un estudio elaborado por los investigadores de la Unidad de Economía Aplicada (UAE) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Bruno Lanfranco, Enrique Fernández, Juan Manuel Soares de Lima y Bruno Ferraro.

Indica que los resultados alcanzados respaldan la existencia de un “mecanismo de transmisión de precios a largo plazo económicamente significativo”, pero debe interpretarse con “cautela”.

“Ningún sistema de precios negociados funciona a largo plazo si los márgenes económicos se vuelven persistentemente negativos para alguna de las partes”, advierte. Y reconoce que, si bien “no se cuenta con información suficiente, no hay razones para sospechar” que el acuerdo de precios en cuestión “no haya sido exitoso” durante sus primeras tres décadas de vigencia.

Recién a partir de la zafra 1995-1996 los datos disponibles permitieron reconstruir los últimos 30 años de funcionamiento de una “herramienta única en el mundo” del arroz, señala.

Fortaleza, desafíos y tres frentes

Los investigadores de la UEA consideran que los resultados del informe representan la “mejor estimación posible” a partir de información privada y, aunque “no reflejan situaciones particulares” de los productores, permiten extraer conclusiones generales.

El acuerdo de un precio negociado implica “un toma y daca en el que ambas partes procuran reducir sus costos” de transacción: ACA aspira a garantizar la comercialización de su arroz a un precio “satisfactorio”, mientras que la GMA busca asegurar el suministro de su materia prima de manera “rentable”, sostienen.

Plantean que “ningún sistema de precios negociados funciona a largo plazo si los márgenes económicos se vuelven persistentemente negativos para alguna de las partes”, salvo que intervenga una variable externa.

La “principal fortaleza” del Acuerdo de Precio Provisorio (APP) ha sido su flexibilidad, tanto por haber previsto su propio “sistema de arbitraje”, como por su capacidad para introducir ajustes y recurrir a herramientas innovadoras, como el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (Ffraa), enfatizan los autores del análisis.

Y advierten que actualmente el sector arrocero nacional enfrenta un “gran desafío” en un contexto económico “delicado”. Para sostener su aporte económico y social al país, precisa “avanzar” en tres frentes: “acceder a nuevos mercados, consolidar los ya existentes y atender los factores que limitan la competitividad”.

Desde la investigación económica, el objetivo es seguir contribuyendo a dicho proceso.

Datos destacados

En otro capítulo del trabajo, INIA destaca que en las tres décadas analizadas tanto la producción como la exportación de arroz, medidas en miles de toneladas de paddy y de paddy equivalente, en ambos indicadores hubo un incremento de alrededor del 70%. Durante el período considerado el 92% de la producción anual fue exportada, en promedio.

Los investigadores asumen que todo el arroz se produce y se exporta durante la misma zafra, si bien “esto no siempre ocurre”, ya que en la práctica existe cierto flujo de stocks entre un año y otro, reconocen.

Según el trabajo, el precio de exportación de cada zafra se establece según el año comercial correspondiente. A modo de ejemplo indican que para 1995-1996, del 1° de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1997, el precio al productor obtenido al descontar los costos y el margen industrial del valor de exportación “no coincide exactamente” con el precio real pagado al arrocero incluido en el acuerdo de precios.

Plantea que esta “discrepancia” se captura mediante un factor de ajuste: cuando es negativo (27 de 30 zafras) puede deberse a una sobreestimación de costos o del margen industrial; cuando es positivo (tres de 30), a una subestimación, ya que las negociaciones probablemente modificaron el margen industrial fijo asumido por el modelo.

El informe considera qué zafras se resolvieron por arbitraje y cuáles tenían vigentes una o más ediciones del Ffraa (I a IV). Al deducir el costo de producción del precio final acordado “el margen del arrocero resultó negativo en siete de las 30 zafras”.

La primera fue en 1999-2000 y se resolvió mediante arbitraje. Tanto en la zafra anterior, como en las dos siguientes, el margen fue muy reducido: un período de “bajos” precios internacionales y un dólar “débil”, que elevó los costos no transables pagados en moneda nacional, según INIA.

Destaca que este fue un “problema recurrente” durante años posteriores para esta actividad productiva, y la crisis financiera de comienzos de siglo dejó al sector “fuertemente endeudado”, lo que llevó a la creación del primer Ffraa.

Los precios internacionales luego aumentaron, alcanzando un máximo histórico en 2007-2008, para después disminuir, mientras los productores hacían frente, con esfuerzo, al repago de las cuatro ediciones del fondo, superpuestas hasta su cancelación definitiva en 2023, señala.

Recuerda que en 2010-2011 se produjo el segundo arbitraje del período y, en 2018-2019 el tercero, originados no siempre por un precio de exportación “bajo”, sino por desavenencias en la distribución de excedentes. Los Ffraa, en cambio, surgieron de “márgenes negativos” y del “endeudamiento” resultante, diferencia.

Menciona que de 2014-2015 a 2018-2019 inclusive, los márgenes estimados fueron, en promedio, “negativos”. Tras una recuperación desde 2019-2020, la “fuerte caída” de los precios de exportación volvió a generar un margen negativo en la última zafra con precio establecido (2024-2025). Es probable que el signo negativo de factor de ajuste en varios años se explique, al menos en parte, por una “sobrestimación” del margen industrial, que incluso pudo haber sido negativo, advierte.

Costos y productividad

Otros resultados del análisis del INIA apuntan a que “la concentración de la industria molinera no registró cambios sustanciales” durante todo el período, pero el peso de los costos no transables –mano de obra (26% a 32%) y energía y combustibles (17% a 26%)– “creció del 40% al 60%” en 30 años.

Para el arrocero, el peso de los insumos aumentó de 36% a 42%, los costos de riego bajaron “levemente”, y el uso de maquinaria y los trabajos agrícolas apenas aumentaron 1%, mientras que los demás costos –incluidos los fijos– se mantuvieron relativamente “estables”, destaca. Y valora que el rendimiento nacional, en cambio, creció de manera “constante” (46%), de 6,4 a 9,4 toneladas por hectárea.