
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) advirtió que la situación del puerto seguirá generando complicaciones de fondo, más allá de que se logre una tregua temporal en el conflicto actual. Así lo analizó el presidente de la ARU, Rafael Ferber, en el programa Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.
Ferber participó el martes de una reunión de casi dos horas en la Torre Ejecutiva junto al presidente Yamandú Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Según informó la Presidencia, el encuentro con la Confederación de Cámaras Empresariales abordó competitividad, logística, energía y las condiciones para sostener la inversión y el empleo.
El dirigente rural señaló que gran parte de la reunión se destinó a analizar la situación del puerto, incluida la posible declaración de esencialidad del servicio. “Hay una empresa y un sindicato que tiene sus temas, y navieras a nivel internacional que también están jugando un partido que complica”, explicó.
Ferber sostuvo que decretar la esencialidad no resuelve el problema de fondo, dado que implica trabajos especializados y la necesidad de contar con personal capacitado para reemplazar a quienes decidan no trabajar. Consideró que el Poder Ejecutivo busca “encontrarle la vuelta rápido” al conflicto, aunque se mostró cauto sobre el resultado.
El titular de la gremial dijo no ser optimista sobre una solución duradera. Explicó que el contrato de exclusividad en la terminal de contenedores, “complica” la relación con las navieras, mientras el sindicato “ha perdido” la noción de los límites en la negociación. Advirtió que, más allá de una eventual tregua, “el puerto seguirá enfrentando complicaciones” estructurales.
Ferber indicó que el conflicto actual se limita a la terminal de contenedores que hoy tiene exclusividad en la carga de contenedores. Precisó que el resto del puerto —incluida la carga de granos y ganados— opera con normalidad, mientras el foco de la disputa permanece acotado a ese punto.
Sobre el acuerdo entre el Sunca y la Cámara de la Construcción para reducir la jornada laboral, Ferber remarcó que el gobierno “no promovió” el tema y que no tienen la agenda la reducción de la jornada laboral. Y se informó a los dirigentes que participaron de la reunión, que fue un acuerdo “entre privados”.
Ferber recordó que ese sector partía de una jornada de 44 horas y la reducirá una hora por año durante cinco años, con un punto de partida distinto al del resto de las actividades.
El presidente de la ARU cuestionó los métodos utilizados durante la negociación, “todos vimos lo que paso entre el Sunca y las cámaras”. Donde se tomaron medidas sorpresivas hasta el impedimento del ingreso de camiones de cemento a las obras. “Son medidas que la verdad que podemos decir que son extorsivas”, opinó, y agregó que la falta de paros formalmente estructurados generó a las empresas problemas de entrega y litigios con clientes, dado que los paros formalizados están contemplados en los contratos entre constructoras y clientes.
Ferber sostuvo que al convenio entre la Cámara de la Construcción y el Sunca “le faltó un juez”. Explicó que el Ministerio de Trabajo se desentendió del conflicto por considerarlo “un problema entre privados”, y que esa falta de intervención fue lo que dejó a la empresa en manos de una situación que no podía manejar, condicionando el resultado del acuerdo.
Ferber consideró que el agro está entre los últimos sectores en enfrentar este tipo de iniciativas, aunque anticipó que el movimiento sindical buscará extenderlos por rama de actividad en el resto de la economía. “Son esas cosas raras que tenemos, el tema está en los sindicatos y el ministerio de Trabajo, pero no lo está en Torre Ejecutiva”, acotó.
Advirtió que el sector no cuenta con la mano de obra necesaria para cubrir esos horarios y que la falta de un árbitro estatal en este tipo de negociaciones “deja a las empresas sin garantías”. Según el dirigente, esta dinámica “alienta la informalidad, frena la incorporación de tecnología y desalienta la contratación de personal, hipotecando crecimiento”.
Ferber también se refirió a la muerte de un peón rural durante una tormenta eléctrica y cuestionó las declaraciones del inspector nacional de Trabajo, Luis Puig. Señaló que el jerarca descartó de entrada que se tratara de una fatalidad y afirmó, de forma errónea, que existía alerta roja en la zona del hecho, cuando esta regía únicamente para el sur del país.
El presidente de la ARU indicó que la gremial trasladó su malestar al Ministerio de Trabajo y al propio presidente Orsi, a quien le transmitió que la actuación de Puig “no da ninguna garantía” para ejercer ese cargo. Subrayó que, más allá de la gravedad del hecho para la familia y el entorno laboral, no corresponde que el inspector prejuzgue públicamente antes de una investigación.

